El presidente de IEN por Europa, Manuel Pérez, reclama un estudio “serio” sobre el camino menos costoso para poner en manos de los gallegos la autopista AP-9. Recuerda el empresario que recientemente se produjo un nuevo acuerdo unánime en el Parlamento gallego para reclamar al Gobierno central su transferencia, si bien subyace el desacuerdo entre los principales grupos políticos sobre si es mejor el rescate de la concesión o conseguir la gratuidad a través del pago de bonificaciones. “En un tema de esta importancia hay que dejarse de marear la perdiz y poner sobre la mesa los números: lo que nos cuesta ahora y lo que va a sumar la cuenta de aquí a 2048, y adoptar una solución cuanto antes”, consideró el empresario.
Manuel Pérez se quejó de que la postura adoptada por el Ministerio de Transportes sea dilatar la solución para dejársela a próximos gobiernos. Y también del “baile” de cifras sobre lo que costaría el rescate, desde los 526 millones de euros del estudio de la Xunta a los más de 6.000 de los que habló el ministro Puentes. El presidente de IEN por Europa recordó que hablamos de una autopista ya pagada, cuyos peajes han experimentado un incremento descabellado en los últimos veinte años. El recorrido de Ferrol a Tuy pasó de 14.40€ en 2005 a 26,85€ en el presente 2025, una subida del 86,46%. “Y leemos estos días que el Gobierno reservó este año más de 7,5 millones de euros para las bonificaciones de la autopista AP-53, de Santiago a Dozón. ¿Cuánto cuestan las bonificaciones de la AP9? ¿Y multiplicadas por los más de veinte años que nos quedan de concesión?”, se pregunta el empresario.
“Por lo visto Audasa no tiene techo en el precio de los peajes, de manera que puede seguir aprovechándose, y utilizo esa expresión porque sus precios se han elevado por encima del IPC y de los salarios”, dijo el representante empresarial, “y encima nos exponemos a una posible multa, porque la Unión Europea ya ha abierto expediente a España por la prórroga”.
“Para evaluar adecuadamente la mejor solución, hay que hacer números con el horizonte de 2048, y contar lo que va a costar al erario público y también a los usuarios, particulares o empresas, que están obligados a utilizar esta vía de comunicación fundamental en Galicia”, señaló Pérez. “Tenemos derecho a conocer la dimensión real de esta sangría”, dijo el empresario.
El último acuerdo del Parlamento gallego insta a finalizar el trámite de la ley que está en el Congreso y que tiene por objetivo traspasar la autopista a la Xunta de Galicia. Se trata de un texto que acumula 24 prórrogas en la actual etapa legislativa. “Ya está bien de perder el tiempo sin afrontar el problema”, señaló Pérez.
“La política cortoplacista, que solventa el problema de hoy y deja la factura a los que vienen detrás nos ha situado donde estamos”, consideró Manuel Pérez, preguntándose a continuación si no sería más lógico, en el caso de que indefectiblemente los gallegos tengan que seguir pagando hasta el año 2048, que esos peajes sean con una autopista de titularidad gallega y vayan a paliar el coste de la recuperación del rescate.
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